Más de 10 mil productores de caña tomaron bodegas azucareras de 54 ingenios de los 15 estados productores de la República para exigir la disminución de los cupos de importación de fructuosa y para que se controle el precio interno.
El presidente de la Unión Nacional de Productores de Caña (UNPC) de la Confederación Nacional Campesina, Daniel Pérez Valdés informó en entrevista que integrantes de esa organización y de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) se organizaron para que desde las 7:00 horas hicieran «la toma pacífica» de las bodegas, la cual seguirá hasta que se cumplan sus demandas.
Resaltó que iniciaron pláticas con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y con representantes de los industriales para ver de qué manera se controla el precio interno del azúcar a fin de que no baje de 400 pesos el bulto a fin de que se concrete un equilibrio y no resulte un problema el que se junten los inventarios de la zafra anterior y los excedentes de este ciclo que dijo se tendrá una gran producción de aproximadamente seis millones de toneladas.
Con ello, continuó, se tendrían además entre 400 a 500 mil toneladas atrasadas que no se exportaron. De ahí la urgencia de que los industriales cumplan con la importación del producto.
«Urge que regulemos el precio interno , que toda la industria se comprometa a exportar y que el gobierno pueda hacer valer una pignoración, o que de sus ingenios que administra , venda lo necesario y el resto almacene para evitar una sobre oferta en el mercado, eso podría ayudar mucho, eso pretendemos con la toma de las bodegas como medida de presión».
Expuso que debido a que la comercialización del azúcar la realizan solamente los ingenios, sin la participación de los proveedores de la caña, si ese endulzante se comercializa a precios por debajo del margen necesario para que los productores obtengan ingresos cuando menos para cubrir sus costos y así atender las necesidades más ingentes de las familias campesinas, entonces la agroindustria de la caña entrará en grave riesgo de cerrar sus fuentes de trabajo.
Pérez Valdés puntualizó que de la producción de caña dependen, de manera directa, 450 mil empleos y dos millones 500 mil fuentes laborales indirectas, lo que implica una dinámica difícil de afrontar.
En estas condiciones, en los campos donde se produce esta materia prima, considerada de vital importancia para la economía del país, es notable un panorama sombrío, de desempleo e inestabilidad social, que puede desembocar en el clima de violencia que priva en diversas regiones de los 15 estados productores.
Ante esto, insistió, los abastecedores de caña decidieron realizar actividades de supervisión, hasta en tanto el comportamiento de los precios en el mercado se ordenen, para no afectar la de por sí precaria economía de las familias de aproximadamente 165 mil cañeros dedicados a esta actividad, en 15 entidades federativas.