Por: Manuel Narvàez Narvàez
Mnarvaez2008@hotmail.
Las situaciòn que se vive en la sierra Tarahumara sirviò para exhibir la desatenciòn en que los tres òrdenes de gobierno tienen a una de las etnias màs importantes del paìs.
Bastò que un dirigente indigenista denunciara ante un importante canal local la extrema situaciòn de hambre, enfermedades y muerte entre la poblaciòn raràmuri, para que los ojos de gobernantes, y oportunistas volteran a ver los estragos que han provocado la sequia, pero tambièn el fracaso de las polìticas pùblicas implementadas por el gobienro de la repùblica, gobierno del estado, alcaldìas, congreso federal y congreso de Chihuahua.
La onda expansiva en redes sociales, medios locales y nacionales que generò la voz de alerta de Ramòn Gardea, provocò una reaccciòn desmesurada por parte del titular del ejecutivo estatal. Dicha reacciòn obedeciò màs a sus impulsos que a la objetividad que exige soberana situaciòn de emergencia.
Cèsar Duarte, al tomar protesta y atendiendo la necesidad de responder oportunamente a los requerimientos de los pueblos indìgenas de Chihuahua, ordenò que la oficina de la coordinaciòn de la Tarahumara cambiara su residencia de la capital del estado hacia el municipio de Guachochi.
Tal parece que las recomendaciones y òrdenes del gobernador no encontraron eco en los responsables de dar atención a las etnias nativas del noroeste de la entidad, mucho menos lo tenían al tanto de lo que la sequía, la marginación, la falta de infraestructura de servicios tan básicos como el agua potablle y clinicas-hospitales para controlar enfermedades relacionadas con la mala alimentación, estaban provocando entre la población de las comunidades del oeste del estado.
Pero no tan sòlo el ejecutivo del estado era ajeno a lo que sucedìa a los ràramuris, los alcaldes de la regiòn, los diputados federales y locales que representan esos distritos rurales, los senadores de la repùblica por el estado de Chihuahua y los delegados federales, tampoco estaban al tanto de las calamidades que estàn padeciendo decenas de miles de familias de la sierra Tarahumara.
Eso sì, en respuesta a la onda expansiva de la denuncia de Gardea, todos, sin excepciòn, se volcaron a pasar lista de presente en las comunidades afectadas. Con despensas, cobijas y ropa de vestir, funcionarios federales y locales, hasta el gobierno del D. F., se formaron en la fila para la foto.
En estos momentos las despensas y cobijas abundan en la regiòn siniestrada, aunque no se sabe a ciencia cierta si llegaron a quienes debìa llegar. Lo que sì esperamos es que no se les vaya a echar a perder tanta laterìa ni se agudice la crisis de enfermedades, ahora por empacho.
Definitivamente la grave situaciòn de emergencia que se vive en la sierra Tarahumara no se va a resolver con despensas y cobijas, como lo dijo el presidente Calderòn; tampoco es aconsejable andar solos que mal acompañados como lo sugiere el gobernador Duarte, a propòsito de la supuesta plantada que le hizo el Secretario de Sedesol en el poblado de Sisoguichi, hoy se sabe que un funcionaro estatal le regateò la informaciòn a Duarte Jàquez sobre la confirmaciòn de la visita del Secretario.
Lo que las etnias chihuahuenses necesitan son soluciones que perduren, es decir, atender de inmediato los estragos que ha provocado la peor sequìa de los ùltimos 80 años, pero tambièn agua potable permanente, centros de salud equipados y ambulancias terrestres y aèreas para trasladar a los pacientes desde las comunidades de difìcil acceso, y corroborar que efectivamente, las enormes ganancias que obtienen los complejos turìsticos, los talamontes y las mineras, chorreen y beneficien a los ancestrales propietarios de esas tierras.
Por ningùn motivo se vale desviar la atenciòn de la problemàtica con clichès como el de la rentabilidad electoral, mucho menos impulsar los apoyos unilateralmente, ya que la responsabilidad atañe a los tres òrdenes de gobierno y a los tres poderes.
Para que no se le olvide al gobierno de la repùblica, ni al jefe del gobierno del D. F., ni al gobierno de Chihuahua, ni a los legisladores federales y locales, ni a las alcaldìas, les refresco la memoria: la constituciòn, la general de la repùblica y la del estado de Chihuahua, los hace responsables de la protecciòn y desarrollo de los pueblos indìgenas; a los legisladores de visitar sus distritos e informar del estado que guarda la educacciòn y la salud entre sus representados, asì como aprobar los presupuestos en concordancia con los planes de desarrollo nacional y estatal.
Y para concluir, si todavìa traen ànimo de repartir culpas, tengan cuidado porque en el salpicar se pueden atragantar de estièrcol. Los municipios con alta poblaciòn de raràmuris son gobnernados por el PAN, como son Bocoyna y Guachoichi, Carichì en alianza con el PRD. Batopilas, uno de los màs marginados del paìs y cuna de Manuel Gòmez Morin, sigue en manos del PRI gracias a las presiones de los grupos criminales que gobiernan en la regiòn, otro flagelo que no se enfrenta con rigor ni eficacia.