Falta de profesionalismo, ineptitud, abuso de poder y la obtención de beneficios adicionales al salario forman parte de las irregularidades por las que 62 integrantes del Poder Judicial han sido sancionados con la amonestación, suspensión o hasta la destitución por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desde 2011 hasta el primer semestre de este año.
Un reporte del CJF revela además que se dispararon las denuncias presentadas ante su órgano disciplinario en contra de su personal, llegando a una cifra récord: de las 268 que recibió entre 2007 y 2011, 73% se concentraron en ese último año al sumar 196, el mayor número desde 1995.
Asimismo, se detalla que en el periodo 2007-2011 el Consejo inició 80 investigaciones internas y en ese último año, cuando más denuncias se registraron, instruyó 10 de las pesquisas en torno a la actuación de juzgadores y personal administrativo.
El año pasado, cuando más denuncias se reportaron, en materia de sanciones la Secretaría Ejecutiva de Disciplina resolvió proceder contra 45 servidores públicos: 11 magistrados de Circuito, 11 secretarios de juzgado, nueve jueces de Distrito, seis actuarios judiciales, seis oficiales administrativos y dos secretarios de Tribunal.
En 53% de los casos se acreditó falta de profesionalismo, siete incurrieron en “notorio descuido”, dos incumplieron con el servicio encomendado, dos realizaron despidos injustificados y uno más “omitió preservar la dignidad propia de la función judicial”.
Aunque no se detalla el cargo de quienes tuvieron estas faltas, también se indica que uno fue sancionado “por falta de respeto a su superior”, otro por abuso de poder, en una lista que incluye deficiencia en las funciones, y otro caso por “emitir opinión pública que implica prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento”.
De este universo 16 fueron suspendidos, tres inhabilitados —entre ellos un secretario de juzgado—, se destituyó a un magistrado, a un juez de Distrito y a un oficial administrativo, entre las sanciones graves; el resto fueron apercibidos en privado o en público, amonestados, o se les impuso una sanción económica.
Entre enero y abril de este año la Secretaría Ejecutiva de Disciplina ha sancionado ya a 17 servidores públicos: cinco magistrados de Circuito, cinco secretarios de juzgado, cuatro defensores públicos federales, un secretario de tribunal, un actuario judicial y un oficial administrativo.
Se encontró responsabilidad en ocho de los casos por falta de profesionalismo, cuatro tuvieron “beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado otorga”, dos más no cumplieron con la máxima diligencia del servicio encomendado, dos incurrieron en notorio descuido y uno no trató con respeto y dignidad a alguno de sus subordinados. Al final, dos defensores públicos y un secretario de juzgado fueron destituidos; otros dos defensores fueron inhabilitados, al igual que un secretario, y un actuario fue suspendido.
Según el Consejo, entre enero y abril de este año su órgano disciplinario ha recibido 116 quejas de corte administrativo y 10 denuncias, además de que se iniciaron dos investigaciones internas.
En junio pasado, el Consejo anunció la suspensión temporal del juez Primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares López, y del magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en la ciudad de México, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, por la posible “comisión de conductas irregulares”.
Cázares López liberó a más de 30 funcionarios implicados en el llamado “michoacanazo” y amparó al ex legislador Julio César Godoy Toscano, mientras que el magistrado absolvió a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, El Chapito.