CIUDAD DE MÉXICO, 10 de julio.- Una evaluación sobre el subejercicio presupuestal de enero a mayo alerta a la bancada del PRD en San Lázaro de que el dinero acumulado podría utilizarse para “facilitar la actuación de algunos actores políticos, en particular la de algunos gobernadores ubicados en entidades clave”, con el fin de sacar adelante las reformas fiscal y energética.
Elaborado por el cuerpo de asesores del grupo parlamentario perredista en la Cámara de Diputados, el estudio expone que los 70 mil 935 millones de pesos que no se canalizaron en su momento en los primeros cinco meses de 2013 “podrían ubicarse entre los meses de julio y agosto, cuando posiblemente se discuta la reforma energética, la cual, junto con la hacendaria, puede representar la de mayor alcance y, por tanto, la de mayor riesgo en mucho tiempo”.
En atención a las cifras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) difundió a finales de junio, el reporte legislativo prevé una ruta del uso del dinero después de la próxima semana, cuando concluya el primer periodo extraordinario.
“El calendario posible podría ser el siguiente: inmediatamente después de haber concluido el primer periodo extraordinario de sesiones del Congreso, a fines de julio, el Ejecutivo enviaría la propuesta de reforma energética, que implicaría cambios en la Constitución. Seguiría un mes ‘caliente’, con grandes movilizaciones que, mientras no se salieran de cauce, no pondrían en riesgo la reforma. Para conseguir ese acotamiento dentro de márgenes manejables se requiere dinero. Ese dinero, si está disponible en la suficiente cantidad y se utiliza con inteligencia aumenta grandemente la eficacia política”, se pronostica en el análisis interno de la bancada.
Bajo la firma del doctor en Economía Juan Moreno Pérez, asesor del Grupo Parlamentario del PRD, el texto ofrece una revisión a detalle de la contracción que habría caracterizado el citado lapso con un subejercicio que representó 4.6% del presupuesto programado.
El ensayo busca explicar el porqué “la política aplicada por la Secretaría de Hacienda, durante el periodo enero-mayo del presente año, ha sido la de contraer de manera excesiva el gasto público”.
Se expone que dicha situación se tradujo en «una inusitada acumulación de activos, cuya magnitud ha alcanzado un monto enorme».
Si bien se aclara que el uso de esos recursos “no entraría en contradicción con la política monetaria” y se descarta su utilización en la coyuntura electoral, se proyecta un escenario en el que las iniciativas de reforma a las leyes secundarias en materia energética, la propuesta de reforma hacendaria y el paquete económico para 201, serían enviados por el Ejecutivo al Congreso con dos posibilidades: “La primera, con las exiguas erogaciones que resultarían sin la aprobación de las dos reformas, y una segunda columna, con los cuantiosos recursos que se podrían distribuir, luego de la aprobación de las mismas”.
De manera tal que, de acuerdo con las previsiones perredistas, un manejo holgado del gasto público durante los meses de septiembre y octubre “sin duda facilitaría el ‘convencimiento’ de muchas personas, en especial de algunos gobernadores, quienes podrían no sólo frenar algunas movilizaciones que estuvieran fuera de control, sino incluso ‘persuadir a muchos legisladores de las bondades de las reformas”.