De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Hendiré), 67 de cada 100 mujeres de entre 15 años y más, ha padecido algún tipo de violencia de pareja, comunitaria, laboral, familiar o docente a lo largo de su vida, donde destaca la ejercida por el esposo o compañero sentimental como la más frecuente, según declararon 43.2 por ciento de las encuestadas.
Tan sólo en el estado de México, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS), atendió 2 mil 109 consultas por violencia familiar, de pareja o sexual durante el 2011, además de brindar apoyo, asesoría, orientación y seguimiento de casos a quienes hicieron uso de la línea sin violencia 01 800 108 40 53.
Dicha línea empezó a operar en 2006, con 170 llamadas y desde entonces, a través de la misma se han dado 7 mil 313 consultas a mujeres, hijas e hijos que padecen algún tipo de violencia, así como consultas de diversa naturaleza; con una disponibilidad de 24 horas, los 365 días del año, sirve para intervenir en momentos de crisis, dar atención psicoterapéutica especializada, asesoría jurídica y servicios de apoyo y protección, según sea el caso.
La atención está a manos de psicólogos, asesores jurídicos, una coordinadora y especialistas en género y violencia, quienes tienen el objetivo de coadyuvar a disminuir los niveles de ansiedad, angustia o temor de las personas que usa dicho servicio.
El CEMyBS destacó que además de ese servicio, la línea atendió otras mil 142 llamadas telefónicas en las que se plantearon consultas de diversa naturaleza, de tal manera que en el 2011 recibió ocho mil 455 llamadas telefónicas de orientación.
Las víctimas cuentan con la seguridad del anonimato y según sea el caso, serán turnadas ante las instancias tanto gubernamentales como no gubernamentales correspondientes, como las unidades de Atención a Mujeres, sus Hijas e Hijos Víctimas de Violencia, el Albergue Temporal para Mujeres y la Brigada de Seguimiento, así como unidades médicas y hospitalaria o bien, la Secretaría de Seguridad Ciudadana o agencias del ministerio público, donde se evalúa l situación legal para evidenciar la violencia como un delito.