México • La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consignó a 69 personas acusadas de participar en los actos de vandalismo del pasado sábado, por lo que fueron trasladados a dos centros penitenciarios acusadas del delito de ataques a la paz pública en pandilla, por lo que pueden alcanzar hasta 30 años de prisión sin derecho a fianza.
Entrevistado por Carlos Puig en MILENIO Televisión, el procurador capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, advirtió que ni por presión política serán liberados los 69 consignados y dijo que su deber es evitar que haya impunidad en la capital del país y será el juez quien resolverá su situación jurídica.
“Nosotros ante los hechos y el repudio de la sociedad y ante lo establecido en la legislación, tenemos la obligación de que no haya impunidad en la ciudad, que se realice una investigación seria y contundente y que aporten las pruebas para que sea un juez el que decida y establezca si estas personas son responsables o no”.
Además, explicó que de las declaraciones no se desprende que haya habido personas pagadas para ocasionar daños.
Rechazó las acusaciones de que se encuentren incomunicados o se hayan cometido violaciones a los derechos humanos, como señalan familiares de los consignados. Igualmente negó que policías capitalinos hayan utilizado armas de fuego o toletes para agredir a los participantes en los actos de vandalismo.
La dependencia capitalina informó que 28 personas detenidas el pasado sábado fueron liberadas ayer, entre ellas los 12 menores que se encontraban a disposición del Ministerio Público.
La PGJDF detalló que aproximadamente a las 08:30 horas 58 hombres fueron consignados al Reclusorio Norte y 11 mujeres al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.
Será el juez quien determine la situación jurídica de los acusados de ataques a la paz pública en pandilla, que se imputa a quien mediante violencia extrema, realice actos en contra de las personas y las cosas, que perturben la paz pública.
La PGJDF precisó que la Fiscalía Central de Investigación dejó en libertad, bajo las reservas de ley a 16 personas, de las que siete son hombres y nueve mujeres. De igual forma, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes entregó a los padres a los 12 menores.
Subrayó que dejó un desglose del expediente para continuar las investigaciones por lo que hace a otros posibles participantes y otros delitos.
De acuerdo con el Código Penal del DF, el artículo 362, el capítulo segundo, explica que por el delito de ataques a la paz pública “se le impondrán de cinco a 30 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos contra las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal o presionen a la autoridad para que tome una determinación”.
Cinco de #YoSoy132, ante el Ministerio público
Cinco integrantes del movimiento #YoSoy132, asamblea Azcapotzalco, fueron detenidos la madrugada de ayer por intentar colgar un muñeco de trapo representando al presidente Enrique Peña Nieto, así como una pancarta con consignas contra Televisa y del propio jefe del Ejecutivo.
De acuerdo con reportes policiacos, los cinco jóvenes fueron detenidos por elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal minutos antes de las 6 de la mañana en el exterior de la estación Aquiles Serdán del Metro.
Gabriel Hernández Alvarado, Xóchitl Mitzi Hernández Alvarez, Marco Antonio Urióstegui Martínez, Diego Fernando Correa del Ramony y Marco M., menor de edad, fueron remitidos a la agencia del Ministerio Público de esta demarcación ubicado en 22 de Febrero y Castilla Oriente, colonia del Maestro, y se inició la averiguación previa FA2/A2-3/T3/152/312-12.
La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal confirmó, a través de la fiscalía de Azcapotzalco, la detención de estas cinco personas por la presunta comisión del delito de ataques a las vías de comunicación. José Antonio Belmont/México