CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto.- En octubre de 2013, el canciller José Antonio Meade no pudo responder una pregunta de la senadora Ana Guevara sobre lo que ocurría en las estaciones migratorias en México. Un muro impenetrable en el flujo de información entre instituciones se lo impidió. Meses después, con la crisis humanitaria de miles de niños detenidos en Estados Unidos, comenzaron a abrirse algunas puertas selladas de la burocracia para conocer mayores datos sobre el paso de los migrantes.
La primera reacción dentro del gobierno mexicano a la declaración de la crisis humanitaria en Washington fue el hallazgo de una aparente inconsistencia en el número de niños migrantes reportados por el gobierno del presidente Obama”, dice una alta funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores con acceso a informes antes restringidos por el Instituto Nacional de Migración. “Hasta hoy tenemos elementos para creer que se trata de una cifra diferente.”
De acuerdo con datos que el INM mantenía reservados, se calcula que entre octubre de 2013 y julio de 2014 cruzaron por México unos 20 mil menores acompañados y no acompañados con rumbo a Estados Unidos, aunque el gobierno norteamericano declaró que en el mismo periodo entraron a su país 60 mil migrantes.
La emergencia de los niños detenidos en la frontera de Estados Unidos detonó la creación de puentes inexistentes entre instituciones. La Cámara de Diputados, el Senado y sobre todo la Secretaría de Relaciones Exteriores ahora tienen acceso a información antes reservada por el Instituto Nacional de Migración sobre lo que sucede dentro de las tres grandes estaciones migratorias y las 50 existentes en el país.
Con la revelación de la crisis humanitaria en Estados Unidos, comisiones de senadores, diputados y funcionarios de la Cancillería visitaron los dos meses pasados las principales estaciones migratorias del país.
A partir de ello se ha conocido, por ejemplo, que en las tres más importantes, las concentradoras de Iztapalapa, en la Ciudad de México; Tapachula, Chiapas y Acayucan, Veracruz, se agravó en los últimos tres años la sobrepoblación sistemática de migrantes.
La de Tapachula tiene capacidad para recibir a 960 personas, pero en los años recientes habrían dormido ahí entre mil doscientos y mil trescientos viajeros por día. Los acuerdos bilaterales entre México y los países centroamericanos de donde los migrantes vienen –Guatemala, Honduras y El Salvador– sólo permiten la repatriación de grupos controlados de 200 y 300 personas por semana.
Una de las visitas comprendió la estación Siglo XXI, en Tapachula. De acuerdo con el recuento de legisladores y funcionarios, la mayoría de los migrantes era salvadoreña y pedía volver a su país lo más pronto posible.
La mayoría, de acuerdo con la diplomática que aceptó aportar información a condición de no ser citada, estaba harta por el largo tiempo que llevaba ahí encerrada. Algunos migrantes tenían más de 70 días en la estación y seguían en espera de ser repatriados, en unos casos porque las autoridades de sus países no habían entregado a los oficiales mexicanos los documentos probatorios de identidad.
Las estaciones son controladas por el Instituto Nacional de Migración, pero identificamos que el problema de sobrepoblación no siempre tiene que ver con las autoridades mexicanas, sino con los problemas que tienen los consulados de los países de donde vienen para emitir en un tiempo razonable los documentos de identidad necesarios para que regresen a casa.”
En los recorridos por las principales estaciones migratorias, los legisladores y funcionarios del gobierno mexicano hablaron con cientos de migrantes, niños y adultos, y crearon un mapa divisional sobre los motivos, que de acuerdo con sus narraciones, los llevan a abandonar sus países.
En Guatemala el asunto tiene que ver sobre todo con reunificación de familias y oportunidades. En El Salvador y Honduras los niños y jóvenes migran orillados por la violencia y el acecho de pandillas y el crimen organizado. Los migrantes les hablaron de un nuevo grupo llamado Sombra Negra, de origen paramilitar, que está asesinando muchachos que se sospecha están vinculados a las pandillas.
La solución para los migrantes, de acuerdo con las declaraciones recogidas por legisladores y funcionarios, es el paso libre, una posición que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha decidido no respaldar.
La posición del gobierno del presidente Barack Obama se ha mantenido inamovible en que los niños deben regresar a sus países.
La Cancillería mexicana ha decidido una posición más cercana los países centroamericanos bajo la idea de que México es país de tránsito y destino, y por otro lado insistir ante Estados Unidos en la importancia de que el problema se asuma como responsabilidad compartida donde la solución no sea sólo la repatriación de los niños.