México
El coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar, informó que propondrá modificaciones en la Ley de Responsabilidad Ambiental, con el fin de elevar las sanciones y evitar que desastres como el ocurrido en Sonora queden impunes.
Aunque no detalló la propuesta, indicó que esta forma parte de su agenda legislativa, misma que será presentada en el periodo ordinario de sesiones que comienza a partir del 1 de septiembre.
Al calificar el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas como “el desastre ambiental” más grave en la historia del sector minero en nuestro país, el legislador explicó que lamentablemente la sanción de 40 millones de pesos resulta ridícula frente a la contaminación que ocasionó Grupo México, para los niveles de tóxicos vertidos en el río Sonora.
“La multa no es suficiente, es decir, sí será suficiente de conformidad con el marco legal de esta misma ley, pero en el tema del deterioro las pérdidas son multimillonarias y eso tiene que ajustarse, porque para resarcir el daño ambiental estamos hablando posiblemente de cientos de millones de pesos”, enfatizó.
Indicó que hasta el momento el informe técnico señala que los elementos contaminantes detectados son cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, así como fierro, manganeso y plomo, por lo que “es urgente adecuar la legislación para evitar desastres ambientales que representen pérdidas humanas y materiales, y mantener a México a la vanguardia, frente al sistema internacional de leyes de responsabilidad por daño ecológico”.
Escobar dijo que actualmente la Ley de Responsabilidad Ambiental permite a los estados desarrollar nuevas estrategias para responsabilizar y sancionar a quien contamine; sin embargo, explicó que las reformas proponen incrementar las sanciones económicas principalmente para instituciones como Pemex y CFE.
“Con la nueva reforma petrolera se abrirá el mercado a otras empresas que entrarán en el sector hidrocarburos, de tal forma que necesitamos prevenir y robustecer la normatividad para evitar situaciones como la que padecen las familias que habitan a lo largo de los más de 200 kilómetros de longitud de los ríos Bacanuchi y Sonora, certificar que las instalaciones cumplan con las normas ecológicas y evitar que contaminen la flora y fauna donde se ubicarán”, señaló.