GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2011).- La transición a la democracia en México trajo consigo el aumento del poder de las entidades federativas. En contraposición de la práctica de servidumbre presidencial que caracterizó a los estados durante la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la actualidad los gobernadores se han empoderado profundamente.
El legado de esta transición: descentralización presupuestal, más dinero a los estados y mayor discrecionalidad en su uso, no se sabe si son usados correctamente.
Los datos que sustentan el aumento en las participaciones financieros de los estados son contundentes. De 1990 a la fecha, los ingresos estatales que provienen de la Federación aumentaron de 20 mil millones de pesos a 437 mil millones de pesos. Esto significa, que tomando en cuenta programas e intervenciones federales, más de un billón de pesos de los dineros nacionales se trasladan a las entidades federativas; es decir, alrededor de una tercera parte del presupuesto federal.
A pesar de este aumento de ingresos notable, para los gobernadores no es suficiente.
La deuda ha sido una salida por la que han optados muchos gobernadores, ampliando la deuda de sus estados exponencialmente.
Por ejemplo, el Estado de Hidalgo, uno de los bastiones del PRI, ha aumentado en 15 años más de 145 veces su deuda, dejando una herencia muy pesada a los ciudadanos.
Sin embargo, el problema del endeudamiento no es de colores partidistas. En el mismo caso está el Distrito Federal, gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que ha elevado la deuda en 36 veces en el mismo periodo de tiempo. En el mismo tenor, Guanajuato, que ha optado constantemente por candidatos del Partido Acción Nacional (PAN), y que ha incrementado sus deuda en más de 15 veces en los últimos años.
El monto total de la deuda que han contraído las entidades federativas, todavía no resulta un problema para las finanzas públicas.
El endeudamiento total de los estados no alcanza ni siquiera 3% del Producto Interno Bruto (PIB) de esas demarcaciones, lo que coloca a la deuda en parámetros controlables.
Sin embargo, la preocupación es la opacidad con la que son manejados dichos recursos.
El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF) presenta números que deben ser preocupantes para las propias entidades federativas.
Esta medición que se realiza desde 2002, es la primera vez que muestra un retroceso en relación al año pasado.
Como señala el propio ITDIF, ha habido incrementos en la posibilidad de acceder a información, ya es raro que en una Entidad determinada información básica sea de difícil acceso (presupuestos, asignaciones, etcétera).
Sin embargo, la crítica es la falta de profundidad de la información y, por supuesto, la calidad de ésta.
Mientras, por un lado, hay entidades con niveles aceptables de acceso y calidad de la información pública, como es el caso del Estado de México, Chiapas y Jalisco; en el sentido contrario, entidades como Coahuila, Tamaulipas, Tlaxcala y Guerrero prácticamente no cuentan con mecanismos profundos de rendición de cuentas.
Así, México es un país que vive a múltiples velocidades, con claras asimetrías en términos de facilidad para acceder a la información pública.
Posibles desvíos
El fortalecimiento de los gobernadores ha puesto sobre el debate público la posibilidad de que los recursos provenientes de los impuestos sean utilizados para labores políticas.
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Mauricio Merino, ha señalado en múltiples ocasiones que los nuevos gobernadores se parecen mucho a los caciques del Partido Nacional Revolucionario de los años veinte y treinta.
En esta interpretación, los gobernadores tendrían liderazgo absoluto sobre los congresos de las entidades federativas, fruto de las mayorías electorales; una auditoría en los estados sumamente débil para denunciar la malversación de fondos; oposiciones débiles que suelen carecer de ejes programáticos y una serie de clientelismos y prebendas que les permiten controlar la protesta social en muchos de los estados.
La transparencia está íntimamente vinculada a la presión ciudadana para obtener niveles adecuados de rendición de cuentas.
Como señala el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su estudio La caja negra del presupuesto, al adecuado manejo de los recursos públicos está en consonancia con el fortalecimiento de la sociedad civil, la independencia de los poderes y una prensa crítica que denuncie los abusos.
De la misma manera, las entidades federativas abusan de no tener que recaudar y obtener sus propios recursos.
Los propios estados no poseen incentivos para gastar adecuadamente su presupuesto, ya que proviene de participaciones federales.
La tenencia, una de las pocas formas que tiene el Estado para recaudar directamente, desaparecerá en 2012 para muchas de las entidades federativas, lo que profundizará su dependencia de las finanzas públicas federales.
Recomendaciones
Propuestas para mejorar
A) Mejorar la calidad de la información pública, priorizando la facilidad de acceso a ella y evitando manejo discrecional de los recursos.
B) Aumentar la responsabilidad hacendaria de las entidades para que recauden más y dependan en menor medida de la Federación.
C) Fomentar convenios para que la Auditoría Superior de la Federación se involucre en el gasto de los estados.
D) Que la Conferencia Nacional de Gobernadores organice reuniones para que los gobernadores justifiquen su gasto en infraestructura.
E) Realizar programas estatales entre los gobernadores y los congresos, que registren con claridad las apuestas presupuestales que emprenderán.