Se han detectado casos similares al de Apodaca en otros centros penitenciarios, ya que se trata de un problema estructural y grave que comparten muchos de los estados del país, aseguró Guillermo Andrés Aguirre Aguilar.
En entrevista para Milenio.com, el Tercer visitador de la CNDH, Guillermo Andrés Aguirre Aguilar, dijo que “todo suma” para que se den acontecimientos, como el de Apodaca el pasado 19 de febrero, en los penales del país.
Es cierto que la corrupción, la sobrepoblación y el hacinamiento forman parte para que existan eventos como el Apodaca. Pero también la colusión de las autoridades con los internos, la falta de autoridad y de políticas públicas articuladas entre la Federación y los estados son un fragmento fundamental en este tipo de asuntos, dijo Guillermo Andrés.
Además aseguró que hasta ahora no se han podido articular el diseño y el seguimiento de estas políticas públicas que les corresponden al Gobierno Federal y a la Secretaria de Seguridad Pública.
“Ha faltado un mayor y mejor trabajo por parte de las autoridades en este tema dados los hechos. Es decir, tenemos aquí los efectos de una inactividad, tenemos los efectos de una gran irresponsabilidad por parte de las autoridades, pero sobre todo de una gran tolerancia a la corrupción e impunidad en este tipo de temas en materia penitenciaria, que se traduce a violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.
Asimismo, afirmó el Tercer Visitador de la CNDH que el hecho de que no se den este tipo de casos en el Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora (las entidades que tienen mayor custodia de reos en todo el país) quiera decir que estén bien estos centros penitenciarios.
En cuanto a la violencia generada por los internos en las cárceles, dijo que las crisis se generan eventualmente porque hay brotes de violencia serios, “pero a veces nos trascienden al conocimiento de la autoridad y público”. Lo destacables es que no se cumple con la norma, la constitución y las leyes reglamentarias en materia de reinserción.
Casi la mayoría de los centros penitenciarios del país no están en condiciones materiales de ofrecer lo que la constitución establece (derechos humanos, trabajo, educación, salud y deporte), aseguró para Milenio.com.
Hay problemas graves y serios de estructura que no están ajenos a la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia. Es un problema y asuntos sistémicos en el que se tiene que trabajar de manera coordinada e inteligente.
El número que se ha dado (sobre este tipo de eventos en el país), hasta ahora es un síntoma de que las cosas están “marchando sumamente mal”.
Si bien es cierto que la población ha aumentado, también la criminalidad lo ha hecho. Es momento de que se realice un estudio, ya que no se trata de un grupo de personas “malvadas” y desorientadas; se trata de comportamientos sociales de un grueso de la población que están involucrados cada vez más en actividades ilícitas, y el Estado tiene que dar cuenta de ello y asumir su gran responsabilidad.