* Por el predio de Unidad Deportiva de San José del Valle. La cual también va dirigida con expresidente municipal y expresidente del Ejido San José del Valle, respectivamente, así como contra los ejidatarios, Carlos Alfonso Ochoa Peña, Guillermo Ochoa Cuevas, y Armando Gómez Flores, de la empresa, Desarrollos Inmobiliarios Valle Real S.A, del complejo turístico, Brisas Vallarta de la Cruz de Huanacaxtle
Por Paty Aguilar
Con fecha 9 de abril 2010, la señora Martha Ochoa Peña, a través de sus hijos, Manuel y Juan Paulo Valencia, ante el ministerio público de Valle de Banderas, presentaron una denuncia penal contra el expresidente municipal, Jaime Alonso Cuevas Tello, el expresidente del Ejido San José del Valle, Rafael Cervantes Padilla, los ejidatarios, Carlos Alfonso Ochoa Peña, Guillermo Ochoa Cuevas, y Armando Gómez Flores, de la empresa, Desarrollos Inmobiliarios Valle Real S.A, del complejo turístico, Brisas Vallarta de la Cruz de Huanacaxtle, así como quien o quienes más resulten responsables a fin de investigar los hechos y de resultar alguna conducta delictiva se proceda conforme a derecho.
Lo anterior derivado del avance que lleva el juicio agrario que la señora Martha Ochoa Peña, interpuso ante el Tribunal Unitario Agrario XIX de Tepic, con fecha 19 de septiembre 2006, con el fin de buscar la Nulidad de Actos y Contratos y el Mejor Derecho a Poseer sobre 16 hectáreas de tierra que por sucesión ejidal de don Salvador Ochoa, le pertenecían a su hija, Martha Ochoa Peña. Actualmente solo se espera el peritaje de la extensión de tierra y posteriormente la sentencia definitiva por parte del TUA.
Parte de este predio es donde actualmente, en aproximadamente 10 hectáreas, está construida la Unidad Deportiva de San José del Valle y parte de la avenida José Ponce ya que quien se ostentaba como dueño, Carlos Alfonso Ochoa Peña, vendió a su hijo, Guillermo Ochoa Cuevas, dicho predio para que este a su vez lo vendiera a la desarrolladora de Brisas Vallarta, quien a su vez entregó estas hectáreas al Ayuntamiento mediante permuta de la tierra que avaló el Cabildo de entonces, como parte de la donación de terreno que por ley debía entregar al Ayuntamiento, pero sin que el Ayuntamiento haya llevado a cabo el procedimiento de desincorporación que se debió de haber realizado ante el Congreso del Estado de Nayarit, hecho que formará parte en la investigación de este nuevo juicio.
Y es que todo lo anterior, mediante un concierto previo entre los demandados, lo llevaron a cabo con fecha posterior a la data del juicio agrario que interpuso Martha Ochoa Peña, por la nulidad ya mencionada, y del cual, en su momento, tanto Rafael Cervantes Padilla, Carlos Alonso Ochoa Peña, Guillermo Ochoa Cuevas y Jaime Alonso Cuevas Tello, tuvieron conocimiento, pero al parecer no informaron de ello a los compradores de la tierra y Jaime Cuevas tampoco lo informó a Cabildo, según consta en actas.
Es decir, que sin que Martha Ochoa Peña fuera vencida en juicio, fue despojada de su predio y en su momento tampoco el juez del Tribunal Unitario Agrario tomó en cuenta el juicio agrario que ya se había presentado con antelación para evitar el daño patrimonial ocasionado posteriormente a la demandante, ya que Rafael Cervantes Padilla, también con posterioridad a la fecha del juicio de Doña Martha Ochoa, entabló un juicio agrario contra Carlos Alonso Ochoa Peña, en nombre del Ejido donde reclamaba que parte de dicho predio era del Ejido y no de Carlos Alonso. Sobre este juicio se llegó a una negociación con el Ejido quien recibió al parecer dos millones de pesos, entre otros beneficios que en su momento fueron dados a conocer y fue así que se liberó la tierra a favor de Carlos Alonso avalado por el TUA que también tenía conocimiento del juicio que con fecha anterior ya había presentado doña Martha.
Lo anterior es parte de los hechos que constan en el proceso agrario en el cual, finalmente, Carlos Alonso Ochoa Peña no pudo demostrar que él tuviera los derechos agrarios de dicha parcela. Y es que cuando presentó el supuesto certificado agrario a su nombre, este establece la fecha 18 de agosto 1937 y su acta de nacimiento registra la fecha 20 de junio 1941, es decir, ya era ejidatario cuando todavía no había nacido, por lo que se deduce que dicho certificado de derechos agrario es apócrifo y este dato es otra línea de investigación que bien podría formar parte de otro juicio penal donde podrían estar involucrados funcionarios federales de la Secretaría de la Reforma Agraria coludidos con este ejidatario que logró obtener tal documento oficial con la firma del presidente de la república, Miguel de la Madrid Hurtado.
Es por ello, que dicho juicio agrario, prácticamente en menos de 60 días podría ser resuelto a favor de la señora Martha Ochoa Peña y con esta sentencia, tales hectáreas con todo y unidad deportiva y parte de la avenida José Ponce de San José del Valle deberá ser entregada a la demandante. Porque quien construye en lo que no es suyo, lo pierde a menos que pague el daño patrimonial causado al demandante.
Cabe mencionar finalmente, que para vida de lograr hacer valer este derecho agrario, los hijos de la señora Martha Ochoa Peña, durante los casi cuatro años que lleva el proceso agrario, ya han gastado varios millones de pesos. Precisamente porque este tipo de juicios es muy costoso, quienes medran abusando de los ejidatarios que no son solventes para llevar a cabo sus demandas, lo saben, es por ello que de manera impune les roban sus tierras sin que estos puedan hacer nada para defenderse.
En este caso, afortunadamente, los demandados se toparon con piedra, además de que los defiende uno de los mejores abogados de la región, el licenciado, Pedro Parada Gutiérrez, quien se ha distinguido por abogar por sus defendidos hasta las últimas consecuencias garantizando así su prestigio profesional hasta que logra la satisfacción de sus clientes culminando con una buena negociación o con la orden del juez de regresar lo a sus dueños lo que esté en litigio.