Es preocupante que en el marco de la Jornada 2010 de Prevención de la Tortura, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, por un lado reconozca categóricamente la existencia en México de este delito, y por el otro, descalifique a los organismos públicos de derechos humanos que la han documentado.
Es paradójico que, a pesar de ello, los resultados de las instituciones de procuración de justicia en la nación sean mínimos en comparación con los casos acreditados en Recomendaciones. Las consignaciones que se han realizado por esta práctica ilícita son escasas, lo que, indiscutiblemente, genera impunidad y pone en riesgo la convivencia social.
En las instituciones de Estado no debe existir polémica sobre el tema de derechos humanos porque éstos son universales e indisolubles. El discurso debe ser único, firme, claro y contundente; de lo contrario se corre el riesgo de confundir y generar malinterpretaciones en los servidores públicos que tienen el contacto directo con la población.
Las comisiones y procuradurías defensoras no actúan por suspicacia, como afirmó el responsable de la política interior del país; sus investigaciones son efectuadas con ética, profesionalismo, estricto rigor jurídico y una metodología científica que garantizan un resultado confiable y no admiten debates propiciados por suspicacias del Estado, que debe ser el primer garante del respeto a los derechos humanos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorga a los organismos públicos de derechos humanos plena autonomía en su desempeño y le atribuye la responsabilidad de vigilar que el Estado garantice los derechos humanos de los gobernados. Son las únicas entidades facultadas por el máximo ordenamiento jurídico para acreditar las violaciones.
Ahí radica lo delicado del discurso del secretario de Gobernación. Al desacreditarlos pone en riesgo la salud de la república y la integridad de nuestro sistema democrático, que, como él mismo lo dijo, “tiene que partir del respeto a los derechos fundamentales, que son la base de la legitimación política e histórica del Estado”.
Las resoluciones que emiten estos organismos de ninguna manera debilitan al Estado ni fomentan la arbitrariedad; al contrario, fortalecen a las instituciones, les dan la oportunidad de resarcir los daños causados por servidores públicos, de cambiar prácticas administrativas que vulneran la dignidad de las personas, de sancionar a quienes han vulnerado derechos y de reconocer actos de injusticia. Difundir esta idea, como lo hizo el funcionario, puede fomentar la ingobernabilidad.
En un Estado democrático, quien deslegitima y debilita la acción de la autoridad, es la autoridad misma, cuando, con el pretexto de brindar seguridad pública, actúa al margen de los ordenamientos jurídicos vigentes y de los compromisos asumidos en el contexto internacional en materia de defensa de los derechos humanos.
En estos momentos críticos que vive México en el tema de la seguridad pública, lo que se necesita es que las instituciones trabajen en un clima de respeto y de responsabilidad, de acuerdo con sus atribuciones y competencias. La confrontación y descalificación sólo abona a la incertidumbre.
Por unanimidad, los 33 ombudsman del país manifestamos nuestro absoluto rechazo e indignación al discurso del secretario de Gobernación, quien afirmó que las comisiones pueden ser “tontos útiles de la delincuencia”. Le exigimos respetar el trabajo que realizan los organismos públicos de derechos humanos.
A T E N T A M E N T E:
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Mtro. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y Presidente del Comité Directivo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos
Lic. Omar Williams López Ovalle
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes
Lic. Heriberto García García
Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California
Lic. Miguel Ángel Ramos Serrano
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur
Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
Lic. Miguel Arizpe Jiménez
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila
Lic. Roberto Chapula de la Mora
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
Lic. Juan Carlos Moreno Guillén
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas
Lic. José Luis Armendáriz González
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua
Dr. Luis Armando González Placencia
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Dr. Carlos García Carranza
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango
Mtro. Marco Antonio Morales Gómez
Comisionado de Derechos Humanos en el Estado de México
Lic. Gustavo Rodríguez Junquera
Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
Lic. Juan Alarcón Hernández
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero
Lic. Raúl Arroyo González
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
Lic. Víctor Manuel Serrato Lozano
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán
Lic. Lucero Benítez Villaseñor
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos
Lic. Guillermo Huicot Rivas Álvarez
Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit
Mtra. Minerva E. Martínez Garza
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
Dr. Heriberto Antonio García
Presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Mtra. Marcia Maritza Bullen Navarro
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
Lic. Adolfo Ortega Osorio
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro
Mtro. Enrique Norberto Mora Castillo
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
Lic. José Ángel Moran Portales
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
Dr. Juan José Ríos Estavillo
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa
Lic. Raúl Arturo Ramírez Ramírez
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora
Dr. Jesús Manuel Argáez de los Santos
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco
Lic. José Bruno del Río Cruz
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas
Lic. Luz María Ávila Jerez
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Mtra. Nohemí Quirasco Hernández
Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz
Lic. Jorge Alfonso Victoria Maldonado
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
Dr. Arnulfo José Correa Chacón
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas