* El pasado 3 de septiembre se cumplieron 30 años de la entrada en vigor de este instrumento internacional
* México ha vivido un importante cambio legal, institucional y político en la materia, pero los rezagos son aún muy grandes
* Sin igualdad de género la democracia pone en grave riesgo su sentido y utilidad social
Valeria Berumen Ornelas
Subdirectora de Divulgación y Comunicación Social del Conapred
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El 3 de septiembre se cumplieron 30 años de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que es reconocida a nivel mundial como la Carta Magna de los derechos de las mujeres. Como norma obligada y exigible para el Estado Mexicano, constituye el marco de reconocimiento legal para erradicar la discriminación contra las mujeres en todas sus formas y en todas las esferas, para asegurar su pleno desarrollo y el ejercicio de sus derechos y libertades en igualdad.
Al ratificar la Convención el 23 de marzo de 1981, México asumió el compromiso fundamental para una democracia constitucional de erradicar la discriminación contra la mujer, suprimiendo cualquier obstáculo derivado de políticas, programas o acciones, de instituciones públicas o de entidades privadas.
A partir de ese momento se generaron una enorme cantidad de leyes, instituciones y políticas para poder garantizar los derechos reconocidos en la CEDAW, sobre todo durante la última década. Se crearon los institutos especializados en esta materia a nivel federal, estatal y en muchos municipios, los Sistemas Nacionales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, derivados de las Leyes Generales para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y para el Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Asimismo, actualmente se dispone de nuevos instrumentos de medición y seguimiento, y se ha avanzado en la emisión y el uso de información estadística desagregada por sexo. Destaca el Sistema de Indicadores de Género (SIG), que incluye, entre otras cuestiones, indicadores sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos asumidos por México con la Convención.
También han sido fuente importante los informes trimestrales sobre la aplicación del presupuesto etiquetado para la igualdad que, desde 2008, preparan y publican la SHCP y el INMUJERES, y que éste último envía a la Cámara de Diputados, como parte de la transparencia de las acciones y programas de la Política Nacional de Igualdad.
De acuerdo con la legislación vigente, se ha promovido la participación igualitaria de las mujeres en la vida política y pública, incluyendo la adopción de las llamadas “cuotas” de género en los listados de candidaturas a puestos de elección popular. No obstante, la presencia de las mujeres aún no cumple esas cuotas, ya que en 2010 el número de mujeres ocupando una curul en la Cámara de Diputados y en el Senado, era de menos del 30 por ciento.
No obstante, es necesario un cambio social, institucional y cultural para que en México se avance del reconocimiento de derechos de las mujeres al ejercicio pleno de los mismos, ya que la discriminación hacia ellas sigue prevaleciendo, lo cual se evidencia en la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 que arroja que para el 11.5 por ciento de ellas su problema principal es la discriminación.
Por ejemplo, en el ámbito de los derechos económicos y sociales de las mujeres, se han visto avances en materia de acceso al empleo, pero continúa imperando la discrepancia en la igualdad de salarios por trabajo igual y en el reconocimiento de la capacidad de las mujeres para acceder a puestos de dirección, particularmente en las empresas privadas. También persiste un alto porcentaje de mujeres que trabajan sin remuneración, seguridad social ni prestaciones sociales en empresas familiares, que suelen ser propiedad o dirigidas por un varón.
Lo anterior se ve reflejado en que 33.7 de las mujeres no son derechohabientes, de acuerdo a cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI o que según la Enadis 2010 el 24.8 por ciento de personas consideran que en una pareja si la mujer gana más dinero que el hombre le pierde el respeto y 22.6 considera que el hombre debe ganar más dinero que ellas.
También se ha avanzado notoriamente en pro de la igualdad de acceso a la educación en cualquier nivel, pero la calidad y el nivel de preparación no es aún la adecuada. Por otro lado, se encuentran avances en la orientación de la educación profesional y técnica, ya que se observa a mujeres en carreras que estaban prácticamente canceladas para ellas, como ingeniería, arquitectura o cibernética.
Hay también importantes pendientes en materia de armonización legislativa, como la tipificación del feminicidio y la reforma laboral, entre otros. Aún hay un porcentaje de personas (11.6 por ciento) que considera que el principal problema de las mujeres son el abuso, acoso, maltrato y violencia.
Asimismo, es necesario y de manera permanente y sistemática, intensificar los procesos de divulgación, sensibilización y capacitación sobre los contenidos de la CEDAW. La eliminación de la pobreza, especialmente la feminización de la pobreza en las zonas rurales e indígenas, y el empoderamiento económico de las mujeres, debe de continuar como una prioridad para el Estado mexicano.
En cuanto a la erradicación de la violencia de género, es necesario generar las condiciones para el acceso de las mujeres a una justicia pronta y expedita, a la seguridad ciudadana, garantizar el respeto a los derechos de las mujeres migrantes, y concretar un plan integral contra la explotación de mujeres y niñas en la prostitución y la pornografía. La trata de personas, en especial de mujeres y niñas, continúa siendo un tema que requiere mayor atención por parte del Estado mexicano, desde los tres Poderes y los tres ámbitos de gobierno.
Según datos de la Enadis 2010 el 33.3 por ciento de las mujeres aseguran que piden permiso a sus parejas para salir solas de día o en el hecho de que el 62.8 por ciento cree que se les pega a las mujeres en México. También hay un prejuicio que superar en relación a que las mujeres son violadas porque provocan a los hombres, ya que según esta misma encuesta, el 12.4 por ciento dijeron estar de acuerdo con esa aseveración.
Ante este escenario de retos y pendientes el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) exhortan al conjunto de instituciones públicas del Estado Mexicano, en todos los órdenes y niveles de gobierno, a asumir plenamente las obligaciones que se tienen en la materia, reforzando las acciones para que el reconocimiento de la igualdad en derechos y en dignidad para todas las mujeres expresado en la CEDAW, se transforme en garantía de su ejercicio, y en mecanismos más eficaces de protección, exigencia, y justiciabilidad de los mismos, sin ningún tipo de discriminación.