La sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia Partidaria se llevará a cabo este fin de semana y responde a la solicitud del presidente del partido, Joaquín Coldwell, para investigar las presuntas violaciones en que haya incurrido el ex gobernador de Tamaulipas
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que la Comisión de Justicia Partidaria dio entrada a la solicitud del presidente del partido, Pedro Joaquín Coldwell, para que investigue las presuntas violaciones en que haya incurrido el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien está acusado de lavado de dinero.
La sesión extraordinaria de ese órgano tricolor se llevará a cabo este fin de semana con caracter de urgente y será presidida por Homero Díaz. En días pasados, el PRI reveló que podría retirar la militancia al ex gobernador.
Coldwell instó “a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria a que, de manera cautelar ante la gravedad de las acusaciones en su contra, determine la suspensión de derechos del militante Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba y las demás sanciones que conforme a derecho procedan en términos de los artículos 223 al 228 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional”.
De acuerdo con el expediente criminal B-12-435 de la Corte del Distrito Sur de Texas -del que EL UNIVERSAL tiene copia-, desde 1998 el cártel del Golfo «pagó grandes sobornos a funcionarios de alto nivel elegidos en Tamaulipas, así como a candidatos a dichos cargos en forma permanente», a cambio de protección para sus actividades criminales.
Los sobornos, detalla, «fueron pagados directamente a funcionarios corruptos de alto nivel y candidatos oficiales, así como a sus respectivos aliados, entre ellos autoridades policiacas y personas del sector justicia en el estado de Tamaulipas; estas prácticas ocurren desde principios de 1998 hasta el presente», y, aunque no se tiene el monto de las operaciones, se estima que éstas ascienden a varios millones de dólares.
LOS SOBORNOS Y YARRINGTON
El pago de sobornos para altos funcionarios y candidatos en Tamaulipas por parte del cártel del Golfo para garantizar la protección de la organización «ocurre desde 1998 y hasta la fecha», según la investigación en la que se identificó al empresario Fernando Alejandro Cano-Martínez, como uno de los lavadores de dinero que operaron para ocultar los sobornos que recibían los servidores públicos a través de ocho empresas instaladas en Texas, una de las cuales utilizó para adquirir 18 hectáreas de tierra en San Antonio, propiedad del ex gobernador Tomás Yarrington.
El proceso legal contra Yarrington y otros involucrados es resultado de una investigación de la multiagencia Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) y fue conducida en Browsville, San Antonio, Houston y Corpus Christi, en Texas.
Ayer, Pedro Joaquín Coldwell pidió a las instancias priístas correspondientes suspender los derechos de militancia a Yarrington por la investigación en curso en EU, lo que esta mañana previó que sucederá «en los próximos días».